(ACTUALIZACIÓN — 10:39 p.m. EST) Decenas de miles de ciudadanos se congregaron en Santa Cruz para la "Gran Marcha por la Democracia", una masiva movilización cívica. Liderado por el Comité Pro Santa Cruz, el presidente cívico Stello Cochamanidis emitió un ultimátum formal al presidente Rodrigo Paz: restablecer el orden y levantar los bloqueos antes de este domingo, o los ciudadanos tomarán el asunto en sus propias manos. La Asamblea de la Cruceñidad se ha declarado en emergencia permanente mientras se acerca el plazo del fin de semana.
Este es el segundo de una serie de reportajes sobre la crisis política y económica de Bolivia. Lea la primera parte aquí.
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia — A tres semanas de iniciada la crisis política de Bolivia, emerge una historia diferente a la que dominan los titulares internacionales — una que no encaja fácilmente en la narrativa de una nación unida contra su gobierno. Si bien ciertos sectores se han volcado a las calles con agravios genuinos, sugerir que su movimiento representa a la mayoría de los bolivianos es, en el mejor de los casos, una exageración, y en el peor, una distorsión que sirve a los intereses de quienes están fabricando la crisis. A lo largo y ancho del país, Bolivia no solo está soportando los bloqueos. Los está enfrentando activamente — y con números crecientes.
Tras tres semanas de conflictos, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó al menos 45 puntos de bloqueo activos en distintas regiones del país el miércoles. La mayor concentración se registró en el departamento de La Paz, que por sí solo acumuló 17 de esos puntos, convirtiéndose en la región más afectada. Se reportaron bloqueos adicionales en Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.
Ese panorama es grave — y debe tratarse como tal. Diecisiete bloqueos que cortan las rutas de acceso a La Paz constituyen una emergencia humanitaria. El Ministerio de Salud reportó la muerte de un niño en Potosí como consecuencia directa de los bloqueos, y el hospital del Niño de La Paz se declaró en emergencia ante la escasez crítica de oxígeno, medicamentos y alimentos. Estos son costos humanos reales y devastadores que no pueden minimizarse.
Sin embargo, la situación ni es total ni carece de alivio. Se han negociado corredores humanitarios con la participación de la Cruz Roja y la Iglesia Católica. La Fuerza Aérea de Chile envió un avión Hércules con cinco toneladas de alimentos, y Argentina despachó su propio vuelo humanitario. Durante la madrugada del miércoles, 70 camiones cisterna con gasolina lograron pasar desde una planta de la petrolera estatal en El Alto. La cadena de suministro está tensionada y en algunos puntos rota — pero no ha colapsado del todo, y la solidaridad internacional ha comenzado a llenar algunos de los vacíos.
De manera crítica, la disrupción no es ni uniforme ni de alcance nacional. Las rutas de Santa Cruz hacia las fronteras con Brasil y Paraguay continuaron operando con normalidad durante toda la crisis. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad han trabajado activamente para despejar corredores estratégicos. En Cochabamba, la Policía lanzó un operativo de madrugada desplegando un gran contingente de efectivos y militares que avanzó desde Sipe Sipe hacia Parotani para restablecer el tránsito en la carretera interdepartamental que conecta Cochabamba con el occidente — una arteria crítica. Los manifestantes respondieron arrojando piedras desde los cerros para impedir el despeje de la vía.
Santa Cruz se planta: El contrapeso democrático
En ningún lugar es más visible la complejidad del momento boliviano que en Santa Cruz de la Sierra — la ciudad más poblada del país y con mucho el motor económico más poderoso, responsable de aproximadamente el 30% del PIB boliviano y de la producción agropecuaria e agroindustrial que alimenta a gran parte del país.
Las calles de Santa Cruz comparadas con las de La Paz pintan una historia diferente. Y su liderazgo cívico y político ha dejado en claro que tiene intención de mantenerlo así: cualquiera que intente llevar bloqueos al departamento ha sido advertido de que enfrentará una remoción forzosa. No es una amenaza vacía — Santa Cruz tiene una larga historia de movilización cívica, y sus instituciones tienen tanto la organización como la voluntad para respaldarlo.
Más aún, Santa Cruz tomó la iniciativa. La Asamblea de la Cruceñidad — convocada directamente en respuesta a la escalada del conflicto — determinó realizar una marcha pacífica denominada "Gran Marcha por la Democracia" para el jueves 21 de mayo, con concentración en la Plaza del Estudiante y llegada hasta la Plaza 24 de Septiembre. La marcha estuvo abierta a instituciones, autoridades, estudiantes y ciudadanía en general, y contó con el respaldo del Comité Pro Santa Cruz, el gobernador departamental Juan Pablo Velasco, y la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez.
Decenas de miles de ciudadanos tomaron la Plaza 24 de Septiembre — la plaza central de la ciudad y uno de sus puntos de encuentro histórico en los momentos de significación democrática — en una marcha en defensa de la democracia. Las escenas fueron un contrapunto llamativo a las imágenes de La Paz: no mineros con dinamita, sino ciudadanos de a pie, familias, empresarios y líderes cívicos, unidos en su rechazo a lo que consideran un intento antidemocrático de derrocar a un gobierno mediante presión callejera en lugar de las urnas.
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, convocó a la ciudadanía con un llamado inequívoco. "Convocar a todo el pueblo cruceño y a los bolivianos de todos los departamentos que creen en el progreso y la legalidad a sumarse de manera masiva a la gran marcha por la defensa de la democracia y rechazo a los bloqueos. Esta será una manifestación pacífica, pero contundente para toda Bolivia, esa Bolivia que trabaja, que produce, y que exige estabilidad para salir adelante," declaró. Más temprano en el día había trazado una línea clara respecto a los bloqueadores: "Con los que hacen daño no se negocia, se tiene que aplicar la ley. Necesitamos un Estado que se pare fuerte, que haga respetar a los bolivianos, pero sobre todo que haga respetar la Constitución." "La marcha es para demostrar que queremos otro país y que estamos dispuestos a ponerle el hombro, pero necesitamos que las autoridades, elegidas democráticamente, pongan de su parte también," añadió.
El ambiente en Santa Cruz es de una unidad perceptible y organizada. Los oradores de la sociedad civil y los políticos han levantado la voz — incluyendo algunos críticos del manejo que el gobierno del Presidente Rodrigo Paz ha dado a la crisis y su percibida incapacidad para proteger la gobernabilidad y hacer cumplir la constitución con mayor firmeza. Su frustración es real. Pero su motivación es igualmente clara: la respuesta a un mal gobierno son las elecciones, no el caos. Como señaló El Día, el periódico independiente de Santa Cruz, en un editorial contundente, Santa Cruz funciona precisamente porque el Estado está ausente de su vida económica de la manera en que domina el occidente boliviano. "A Santa Cruz no se viene a pedir; se viene a aportar," observó el diario. Cada crisis que paraliza el occidente andino, argumenta, refuerza el caso cruceño por la descentralización — y por una Bolivia donde la vida económica no esté rehén de quien controle las calles de La Paz.
El contraste es marcado y deliberado. La Paz, sostiene el editorial, "sufre dos males crónicos que se retroalimentan y se profundizan mutuamente: el estatismo y el centralismo. La Paz concentra todo: poder, presupuesto, instituciones, prebendas. Hacia allá marchan los sindicatos a exigir, los cooperativistas a negociar, las mafias políticas a repartirse el botín." Santa Cruz, en cambio, ha construido su prosperidad sobre un modelo fundamentalmente diferente — uno que el editorial sostiene enfrenta ahora su prueba más importante.
Las contraprotestas: Los bolivianos que los titulares ignoraron
Las marchas en La Paz han acaparado la atención mundial. Las contraprotestas han recibido mucho menos cobertura — pero están ocurriendo, y son enormemente importantes para entender el verdadero estado de la opinión pública boliviana.
En la propia La Paz, los contramanifestantes han salido a las calles para condenar lo que describen como movimientos antidemocráticos que han engullido al país. Cientos de ciudadanos organizados a través de plataformas ciudadanas conocidas como "pititas" marcharon por el centro histórico de La Paz durante dos noches consecutivas, con banderas bolivianas y consignas contra los bloqueos, exigiendo la restauración del orden. Miles se reunieron para expresar su apoyo al orden institucional y para rebatir la narrativa de que los bloqueos representan la voluntad del pueblo boliviano.
La movilización cívica se extendió rápidamente más allá de Santa Cruz: los comités cívicos de Cochabamba y Tarija confirmaron su adhesión a las marchas pro-democracia, con Tarija saliendo a las calles un día antes. La convocatoria nacional surgió de la Asamblea de la Cruceñidad del 18 de mayo, que reunió a autoridades departamentales y municipales, líderes cívicos, representantes de sectores sociales y figuras regionales en torno a la causa común de defender la democracia, la legalidad y la estabilidad económica del país.
En Cochabamba, sindicatos de comerciantes, trabajadores del transporte, productores locales y juntas vecinales marcharon bajo la consigna "Cochabamba por la Paz, el Trabajo y la Democracia", convocados por el Comité Multisectorial regional. Centenares tomaron las calles con banderas blancas y bolivianas, al grito de: "Basta de bloqueos, queremos trabajar."
Estas no son voces marginales. Son una sección transversal significativa de la sociedad civil boliviana — profesionales urbanos, empresarios, estudiantes, líderes cívicos — que están escandalizados por lo que ven ocurrirle a su país y están decididos a decirlo públicamente. Cabe señalar que al 20 de mayo, tres personas habían muerto y 90 habían sido detenidas en relación con las protestas — cifras trágicas, pero que también hablan de un movimiento de protesta que, si bien disruptivo y en algunos puntos violento, no ha logrado el tipo de participación nacional total que sus organizadores han reclamado. Las protestas fueron lideradas inicialmente por la Central Obrera Boliviana, o COB, junto con sindicatos campesinos y mineros — grupos laborales organizados y sectoriales, no un levantamiento popular espontáneo. La distinción importa.
El Concejo Municipal de Santa Cruz habla
El rechazo no se queda en las calles. Ha llegado con fuerza a las instituciones formales de Bolivia. El jueves, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra emitió una declaración oficial, leída por la presidente del Concejo, Luisa Nayar: "Como Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra rechazamos de manera firme los bloqueos, la violencia y cualquier intento de golpe de Estado contra el gobierno elegido democráticamente y legalmente constituido, y nos declaramos en emergencia ante la escalada de conflictividad que amenaza la paz social y la estabilidad nacional."
La declaración fue contundente en su memoria histórica. El Concejo lamentó que Bolivia estuviera nuevamente sumida en una grave crisis alimentaria, social y humanitaria "provocada por grupos radicales e intolerantes que responden a Evo Morales y otros actores políticos y sindicales," y rechazó que el país estuviera "secuestrado" por el caos y la confrontación. "No es la primera vez que intentan romper el orden democrático. Ya lo hicieron en 2003 y 2005 para llegar al poder; luego promovieron la confrontación entre regiones y persiguieron a quienes defendían la democracia, las autonomías y la libertad. En 2019 realizaron un fraude monumental. Durante años gobernaron despilfarrando los recursos del Estado y utilizando el miedo, la persecución y el abuso de poder contra quienes pensaban diferente."
El Concejo dejó en claro que los bolivianos quieren vivir en paz y trabajar, y que no permitirán que intereses radicales sigan destruyendo el país ni enfrentando a los compatriotas entre sí. Sus palabras finales fueron una declaración tanto como una advertencia: "La paz social y la democracia no se negocia."
Bolivia está polarizada — no uniforme
Bolivia el jueves se movilizaba en dos frentes simultáneos y opuestos: en La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB), sectores afines al evismo y organizaciones sociales confirmaron nuevas marchas y protestas contra el gobierno, manteniendo el pedido de renuncia de Paz como consigna central. Paralelamente, en Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Beni y otras regiones, comités cívicos, plataformas ciudadanas, asociaciones empresariales y sectores productivos se movilizaban en defensa de la democracia y en rechazo a los bloqueos.
Esta polarización — genuina, profunda y marcada a lo largo de claras líneas geográficas y socioeconómicas — es la realidad que la cobertura internacional ha aplanado en gran medida. Describir la crisis boliviana como un levantamiento popular monolítico es regalarle a grupos opositores al gobierno actual una narrativa que no se han ganado. El país está dividido. Una mitad lucha por remover a un presidente mediante presión callejera. La otra lucha por mantener intactas las instituciones democráticas de Bolivia. Ambas mitades son grandes, están organizadas y están en movimiento — y cualquier relato honesto de esta crisis debe reconocer a ambas.
¿Quién está realmente detrás de esto? Los bolivianos plantean la pregunta narco
Cuando este periodista habló con bolivianos emergió un tema recurrente que se ha venido dando cobertura internacional: la sospecha generalizada de que el verdadero motor de la desestabilización es en parte el agravio político pero con mayor fuerza el interés criminal.
Muchos bolivianos dijeron no creer que Evo Morales haya iniciado estas protestas. Los agravios originales — precios del combustible, la "gasolina chatarra," los salarios, la ley de hipoteca de tierras — eran reales y anteriores a su involucramiento. Lo que creen es que Morales detectó una oportunidad y está avivando las llamas: explotando la genuina frustración popular para avanzar su agenda personal de evitar el procesamiento judicial y volver al poder.
Pero más allá de Morales, varios ciudadanos señalaron a una fuerza con aún más que perder ante una Bolivia estable y gobernada por el Estado de derecho: las redes de narcotráfico. La región del Chapare — donde Morales está refugiado y donde se asienta su base política — ha sido durante mucho tiempo el corazón productor de coca del país y un corredor para el tráfico de cocaína. Bajo los gobiernos del MAS, el cumplimiento de la normativa antinarcóticos fue sistemáticamente debilitado; la unidad antidroga UMOPAR fue repetidamente expulsada del Chapare mediante bloqueos y presión política. Un gobierno funcional, internacionalmente conectado y abierto a la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos es una amenaza existencial para esas redes.
"Están nerviosos," dijo un empresario Cruceño a este periodista, "porque saben que si Bolivia se estabiliza y los americanos entran a ayudar con los esfuerzos antidrogas, su operación está terminada." Ese miedo, en opinión de muchos bolivianos, es un poderoso acelerador detrás de los bloqueos — quizás más poderoso que cualquier ideología política. El liderazgo cívico de Santa Cruz hizo la misma conexión explícitamente: la movilización contra la democracia, dijeron, está "sustentada por dineros de oscura procedencia que tienen su origen en el Chapare."
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